La Ley de Arbitraje recibió aprobación definitiva el 18 de diciembre de 2003 en la Cámara Baja.

La aprobación y entrada en vigor de la nueva normativa en materia de Arbitraje en España ha sido recibida con satisfacción, entre otras organizaciones, por las Cámaras de Comercio, las cuales han resaltado que, por primera vez en España, el arbitraje, tanto nacional como internacional, se regula a través de en un solo texto normativo, el cual reconoce de forma explícita el uso y aplicación de las Nuevas Tecnologías en el sistema arbitral.

La nueva Ley de Arbitraje persigue instaurar la resolución extrajudicial de conflictos con medidas como la ampliación de las competencias de los árbitros, que pueden adoptar medidas cautelares.

La iniciativa, cuyo redactado se basa en parte en la ley modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, establece, además, el arbitraje en Derecho cuando no haya un pacto expreso de las partes y suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo. También regula la designación judicial de los árbitros y la anulación del laudo arbitral a través del juicio verbal.

El texto dota de mayor libertad a las partes en lo relativo a la designación de árbitros, a quienes se reconoce un mayor margen de libertad para resolver los conflictos, facilitándoles, además, la posibilidad de adoptar medidas cautelares cuando lo estimen necesario.

Otro de los aspectos recogidos en el proyecto de Ley de Arbitraje radica en la atribución al laudo de fuerza ejecutiva, aun en el caso de que se ejercite la anulación, permitiendo así la suspensión de la ejecución siempre que se preste caución suficiente.