Una de las novedades es la incorporación de un régimen de clemencia. Esto es, las empresas implicadas que denuncien un cártel y colaboren con las autoridades quedarán libres de multa. Para ello deben reunir dos requisitos: uno, que deben cesar inmediatamente en su conducta infractora y dos, que no hayan sido los promotores del acuerdo prohibido.

Los beneficios de este programa de clemencia también se aplicarán a los representantes legales o directivos de la empresa infractora que hayan colaborado con la Comisión Nacional de Competencia.

Los profesionales han señalado que la llamada "ley de chivato" tendrá importantes efectos disuasorios de los cárteles y permitirá que muchos de ellos salgan a la luz. Este programa de indulto ya se aplicaba con éxito por la Comisión Europea.

La exención o reducción de la multa, sin embargo, no impide que los implicados deban hacer frente a las eventuales reclamaciones civiles por parte de los perjudicados.

El nuevo texto normativo también introduce cambios importantes referidos al control de concentraciones. Se elimina la obligación de suspender la tramitación de las OPAS hasta su autorización por las autoridades de competencia. Esto supone que las empresas podrán, en principio, lanzar sus opas, lo que agilizará el proceso.

También se reduce el ámbito de discrecionalidad del Gobierno en el proceso autorizatorio. Es decir, se modifica el sistema de adopción de decisiones respecto de aquellas concentraciones que puedan plantear obstáculos para la competencia en algún mercado, sustituyendo el vigente sistema de decisión del Gobierno por uno en el que la decisión final se adoptará por la CNC.

Otro cambio de la nueva ley es que permite a los juzgados mercantiles la aplicación directa de las disposiciones sobre acuerdos restrictivos y abuso de posición dominante, lo que los analistas interpretaron que derivará en un notable incremento de las demandas por daños derivados de ilícitos de competencia.